La decisión del Gobierno español del PP favorece a las multinacionales eléctricas que desde 1997 a 2011 acumulan un incremento del 256,06% sus beneficios netos y en esos quince años han conseguido ya 50.034,5 millones en beneficios.
En poco más de 100 días de Mariano Rajoy (PP) en la presidencia del Gobierno español ha tomado medidas directas para favorecer a los empresarios en y está perjudicando a los ciudadanos. La última decisión es la subida del precio de la electricidad y del gas, que perjudicará a quienes están sufriendo y soportando con mayor énfasis la crisis económica.
El precio de la luz «volverá a subir en abril entre el 5% y un 7%», según el decreto gubernamental. La organización ecologista Eguzki se pregunta «¿cómo es posible que, si la energía es cada vez más barata, paguemos más en nuestras casas por la electricidad?». Confirma, por otro lado, que ya se ha anticipado que «el precio de la energía base bajará en el segundo trimestre de año casi un 4%». Esta organización ofrece un dato esclarecedor: desde 2008 el kilovatio por hora ha descendido en un 10% en las subastas mayoristas, pero, sin embargo, el precio de la luz a los usuarios se ha incrementado en un 65%.
Los datos de Eurostat confirman, por otro lado, que el precio de la electricidad para usos domésticos en el Estado español se encuentra entre las tres más caras de los veintisiete estados de la UE, ya que cuesta 15,97 céntimos de euro por kilovatio por hora, un 25,2% más que la media europea se encuentra en 12,75 céntimos. Sólo en Malta y Chipre el precio de la electricidad es superior al Estado español. Sin embargo, en la electricidad para usos industriales, el precio del Estado español se encuentra en el 10,82 céntimos, un 15,6% más cara en relación a la media de 9,36%. Es el séptimo país en la tarifa eléctrica industrial, por detrás de Malta, Chipre, Eslovaquia, Italia, Irlanda y República Checa.
La organización ecologista Eguzki llama la atención de consumidores, asociaciones de vecinos, organizaciones sociales, ecologistas y personas sensibles para que «estas y otras subidas las enmarquemos en el atropello de una crisis llena de voracidad de los beneficios fiscales y de facturas para las granes empresas». Porque, a su juicio, «el mercado de la luz es un oligopolio y la competitividad es escasa, pero tienen mucho poder para influir en las subidas de precio». La realidad es esa, puesto que, en los últimos quince años las empresas de UNESA, patronal del sector que agrupa a Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, HC Energía y E.ON, han incrementado los resultados en un 256,06% y han obtenido 50.034,5 millones de beneficio neto. No hay crisis para ellas.
Las eléctricas no pagarán el bono social
El bono social, del que se benefician unos tres millones de consumidores considerados vulnerables en el Estado español, pasará a cargarse a la parte regulada de la tarifa eléctrica, los denominados peajes, que pagan todos los usuarios, en lugar de continuar financiándolo las compañías eléctricas como hasta ahora.
Fue creado en 2009 por el anterior Gobierno español para proteger a algunos grupos de consumidores más vulnerables, a los que no se les aplicarán las subidas de la luz hasta finales de 2013, lo que supone un coste anual de unos 150 millones. El Ministerio español de Industria, con este cambio -de financiarlo las eléctricas a la parte de la tarifa que pagan los consumidores- se da cumplimiento a otro auto del Tribunal Supremo que declaró «inaplicables» los artículos que obligan a las compañías propietarias de instalaciones de generación a financiar en exclusiva este bono. Para quitar hierro a este asunto, desde Industria se afirma que es una «decisión temporal», porque se impugnará la decisión del Supremo y el secretario de Estado de Energía, Fernando Marti, ha señalado que se trabaja en una definición del consumidor vulnerable para adaptarse en este punto a las directivas europeas, pero no hay fecha de aplicación.
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