“Este acuerdo, firmado por el embajador de México en Japón, Claude Heller, establece un marco general internacional con el fin de detener el comercio ilegal de productos piratas y/o falsificados, incluyendo su distribución masiva por medios digitales”, anunció en un comunicado el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
Esta normativa es un “tratado internacional que tiene como objetivo generar un cuerpo normativo común” contra la violación de derechos de autor, y México “se une a la firma de este instrumento para promover su crecimiento económico, atraer inversiones, fomentar la creatividad, la innovación y la competitividad de nuestras empresas”, asegura el IMPI. Sin embargo, grupos activistas consideran que el proyecto es una amenaza para las libertades civiles en plataformas como Internet debido a que quienes suban, guarden o descarguen contenidos de procedencia desconocida, pueden ser sancionados con multas y prisión.
Por su parte, el Gobierno mexicano asegura que esta ley “no generará un ambiente de vigilancia o monitoreo a las actividades que se realizan cotidianamente en Internet, ni para revisar o incautar equipos de cómputo ni receptores personales de audio o video”. Pero tanto los internautas activos, como los políticos de distintos países temen que esta cláusula criminalice a la mayor parte de la sociedad.
El grupo de ‘hacktivistas’ Anonymous, tampoco aprobó la firma del ACTA por el Gobierno mexicano y anunció que actuará contra esta medida, aunque no ha detallado cuáles serán sus acciones ni cuándo las realizarán. Esta decisión ha sido un “golpe duro contra los activistas. Anonymous no se quedará con los brazos cruzados, lo hicimos contra SOPA PIPA (en referencia a las leyes antipiratería que se intentó aprobar sin éxito en EE.UU.) Nadie podrá detenernos”, advirtió la organización.
