Aunque acompañada por el escándalo del Servicio Secreto, la Cumbre de las Américas del mes pasado en Cartagena, Colombia, fue un acontecimiento de gran importancia. Hay tres razones principales: Cuba, la guerra contra el narcotráfico y el aislamiento de Estados Unidos.
Un titular en el Jamaica Observer decía:
Cumbre muestra en qué medida se ha desvanecido la influencia yanqui. El artículo reporta que
los grandes puntos en la agenda fueron el lucrativo y destructivo comercio de drogas y cómo los países de toda la región podían reunirse mientras excluían a una nación, Cuba.
Las reuniones terminaron sin acuerdo debido a la oposición de Estados Unidos a esos asuntos: una política de despenalización de la droga y la proscripción de Cuba. El continuo obstruccionismo estadunidense bien podría conducir al desplazamiento de la Organización de Estados Americanos por la recientemente formada Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, de la cual se excluye a Estados Unidos y Canadá.
Cuba estuvo de acuerdo en no asistir a la cumbre porque de otro modo Washington la habría boicoteado. Pero las reuniones pusieron en claro que la intransigencia estadunidense no sería tolerada mucho tiempo. Estados Unidos y Canadá estuvieron solos en la prohibición de la participación cubana, con base en las violaciones de los principios democráticos y los derechos humanos que comete Cuba.
Los latinoamericanos pueden evaluar estas denuncias desde la perspectiva de una amplia experiencia. Están familiarizados con el historial estadunidense sobre derechos humanos. Cuba ha sufrido especialmente por los ataques terroristas y el estrangulamiento económico estadunidenses, como castigo por su independencia; su
exitoso desafíoa las políticas estadunidenses que se remontan a la Doctrina Monroe.
Los latinoamericanos no tienen que interpretar la erudición estadunidense para reconocer que Washington apoya a la democracia sí, y sólo sí, se ajusta a los objetivos estratégicos y democráticos y, aún cuando así sea, favorece
formas limitadas y verticales de cambio democrático que no corran el riesgo de alterar las estructuras tradicionales de poder con las cuales Estados Unidos se ha alineado desde tiempo atrás ... (en) sociedades bastante poco democráticas, como lo expresó el experto neo-reaganista Thomas Carothers.
En la cumbre de Cartagena, la guerra contra el narcotráfico se convirtió en tema clave en la iniciativa del recién elegido presidente guatemalteco general Pérez Molina, a quien nadie confundiría con un liberal bondadoso. Se le unieron el anfitrión de la cumbre, el presidente colombiano Juan Manuel Santos y otros.
La preocupación no es nada nuevo. Hace tres años, la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia publicó un informe sobre la guerra contra las drogas elaborado por los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso de Brasil, Ernesto Zedillo de México y César Gaviria de Colombia, el cual pedía la despenalización de la mariguana y abordar el uso de drogas como un problema de salud pública.
Mucha investigación, incluyendo un estudio de 1994 de la Rand Corporation ampliamente citado, ha mostrado que la prevención y el tratamiento son considerablemente más efectivos en costos que las medidas coercitivas que reciben la mayor parte del financiamiento. Esas medidas no punitivas también son, por supuesto, mucho más compasivas.
La experiencia se ajusta a estas conclusiones. Por mucho, la sustancia más letal es el tabaco, que también mata a los no usuarios en una tasa elevada (tabaquismo pasivo). El uso ha declinado significativamente entre los sectores más educados, no por la penalización sino como resultado de cambios en el estilo de vida.
Un país, Portugal, despenalizó todas las drogas en 2001; lo que significa que siguen siendo técnicamente ilegales pero son consideradas violaciones administrativas, excluyéndolas del terreno criminal. Un estudio del Instituto Cato realizado por Glenn Greenwald encontró que los resultados son
un rotundo éxito. En este éxito radican lecciones evidentes que deberían guiar los debates sobre políticas de drogas en todo el mundo.
En drástico contraste, los procedimientos coercitivos de la guerra estadunidense contra las drogas en 40 años no han tenido virtualmente efecto alguno en el uso o el precio de las drogas en Estados Unidos, pero sí causaron estragos en todo el continente. El problema radica principalmente en Estados Unidos: tanto la demanda (de drogas) como la oferta (de armas). Los latinoamericanos son las víctimas inmediatas, pues sufren niveles alarmantes de violencia y corrupción, y la adicción se está extendiendo en las rutas de tránsito.
Cuando se siguen políticas durante muchos años con dedicación incesante, aunque se sabe que fracasan en términos de los objetivos proclamados, y se ignoran sistemáticamente las alternativas que es probable que sean mucho más efectivas, surgen naturalmente dudas sobre los motivos. Un procedimiento racional es explorar las consecuencias predecibles. Estas nunca han sido poco claras.
En Colombia, la guerra contra las drogas ha sido una delgada pantalla para la contrainsurgencia. La fumigación –una forma de guerra química– ha destruido cultivos y rica biodiversidad, y contribuye a desplazar a millones de campesinos pobres a las barriadas urbanas, abriendo vastos territorios a la minería, la agroindustria, los ranchos y otros beneficios para los poderosos.
Otros beneficiarios de la guerra contra el narcotráfico son los bancos que lavan cantidades enormes de dinero. En México, los principales cárteles de la droga están involucrados en 80 por ciento de los sectores productivos de la economía, según investigadores económicos. Hechos similares ocurren en otras partes.
En Estados Unidos, las víctimas principales han sido los varones afroamericanos, y cada vez más las mujeres y los hispanos; en suma, los que se volvieron superfluos debido a los cambios económicos instituidos en los años 70, que trasladaron la economía hacia el sector financiero y la producción al extranjero.
Gracias en gran medida a la altamente selectiva guerra contra las drogas, las minorías son enviadas a prisión; el factor principal en el aumento radical de los encarcelamientos desde los 80 que se ha convertido en un escándalo internacional. El proceso se asemeja a una
limpieza socialen los estados clientes de Estados Unidos en Latinoamérica, que se deshace de los
indeseables.
El aislamiento de Estados Unidos en Cartagena nos lleva a otros acontecimientos trascendentales de la década pasada, a medida que Latinoamérica ha empezado, al fin, a liberarse del control de las grandes potencias, e incluso a abordar sus espantosos problemas internos.
Latinoamérica ha tenido desde hace tiempo una tradición de jurisprudencia liberal y rebelión contra la autoridad impuesta. El nuevo trato se inspiró en esa tradición. Los latinoamericanos podrían inspirar una vez más el progreso en los derechos humanos en Estados Unidos.
Noam Chomsky es profesor emérito de lingüística y filosofía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en Cambridge, Massachusetts. Su último libro es Making the future: occupations, interventions, empire and resistance, una colección de sus columnas para The New York Times Syndicate.
